El Congreso de la Ciudad de México
aprobó por unanimidad dos dictámenes en el rubro tecnológico: uno para
prohibir el uso de teléfonos celulares en las primarias y secundarias
capitalinas, y otro para tipificar el delito de “phishing” o robo de
datos personales en el Código Penal local, que se castigará hasta con
seis años de prisión.
En la Sesión Ordinaria de este jueves,
las y los diputados dieron luz verde al dictamen conformado por dos
iniciativas para establecer la prohibición a las y los estudiantes el
uso de equipos de telefonía dentro de los planteles escolares, salvo que
estos sean destinados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para fundamentar la propuesta, subió a
tribuna la legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, en su calidad de
integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e
Inteligencia Artificial. Explicó que el dictamen sustenta las reformas a
los artículos 7, 9, 64 y 129 a la Ley de Educación de la Ciudad de
México.
Precisó que no sólo se regula la
utilización de dispositivos, sino también se incorpora el principio de
aprendizaje digital responsable y de corresponsabilidad. Ello, agregó,
para que maestras, maestros y tutores de los alumnos participen en la
promoción del uso responsable de los celulares.
Además, se fortalecen las facultades de
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México (SECTEI) en torno a esta regulación, que permitirá un
mejor aprendizaje de la comunidad estudiantil.
Al razonar su voto, la congresista
panista Laura Alejandra Álvarez Soto, promovente de la iniciativa,
sostuvo que el 75 por ciento de los maestros consideran que los
estudiantes se distraen con los celulares, y que en México más de tres
millones de adolescentes han sido víctimas de delitos como el ciberacoso
o explotación sexual a través de redes sociales o juegos.
A su vez, el perredista Pablo Trejo
Pérez señaló que se debe garantizar un uso responsable y orientado al
aprendizaje con estos dispositivos, ya que su utilización indiscriminada
afecta la convivencia escolar y los procesos de enseñanza.
Por otra parte, el diputado Alberto
Martínez Urincho dio a conocer la fundamentación del dictamen sobre la
tipificación del delito de “phishing” en el Artículo 231 del Código
Penal capitalino, que presentó la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia que él preside.
Expuso que el creciente uso de la
tecnología también ha generado un aumento de los llamados fraudes
electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas
acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los
responsables.
Ante el Pleno, agregó que la iniciativa
define al “phishing” como el delito de quienes lanzan un anzuelo digital
para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño,
haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios,
instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de
texto, sitios web o llamadas telefónicas.
Martínez Urincho indicó que a nivel
nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año
2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de
ser víctima aumentó un 75 por ciento. Esto, añadió, equivale a que cada
39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día.
Al razonar su voto, la legisladora
panista Olivia Garza de los Santos, promovente de esta iniciativa,
comentó que este delito afecta principalmente a las personas adultas
mayores, y que la seguridad no se construye únicamente en las calles,
sino también en los espacios digitales.
De acuerdo con el dictamen de reformas
al Código Penal local, avalado con 52 votos a favor- el “pishing” es la
acción de emplear el engaño digital para inducir a una persona a
revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de
autenticación, con el objetivo de obtener un beneficio indebido para
causar un perjuicio, conducta que ameritará de tres a seis años de
prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de
multa.
