Litzin Plancarte Marino, una de las despedidas de prospera, estableció que con la creación del nuevo programa federal U013, la secretaría de salud ofreció la recontratación de 180 de los 261 trabajadores que fueron despedidos, con el agravante de que estos tendrían un salario menor al que venían percibiendo y además serían enviados adonde su requieran sus servicios.
Con estas condiciones los recontratados podrían ser movidos de su lugar de asignación y enviarlos a municipios alejados y en los que se tiene altos índices de violencia e inseguridad, “por este problema al menos 30 de nuestros compañeros mejor renunciaron antes que aceptar ser enviados a estos sitios”.
Refirió que los cambios son tan absurdos que trabajadores que estaban en la zona centro serán asignados a la Costa Grande, los de Costa Grande a la Montaña y de la Montaña a la Tierra Caliente, esto implica que los empelados tendrán que mover su lugar de residencia sólo para tener un trabajo, “por eso una de nuestras exigencias es que se respete la zona de asignación al ser recontratados”.
Además que se hagan transparentes los criterios que se utilizaron para seleccionar a los que serán reinstalados, pues todos fueron llamados a las instalaciones del Sindicato de salud y ahí la dirigente Beatriz Vélez Núñez, les informó cuántos y quiénes serán los recontratados, sin que esta sea una función que a ella le competa pues no es el sindicato quien otorga los contratos.
Debido a que no permitieron el acceso de los trabajadores de la Secretaría de salud, al sitio se presentaron elementos de la policía estatal con equipo antimotín, encabezados por el titular de la secretaría de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, quien advirtió a los manifestantes que si en cinco minutos no se retiraban del lugar serían desalojados con la fuerza pública.
Emparejado a la amenaza de desalojo, llegó el subsecretario de asuntos políticos del gobierno estatal, quien ofreció sentar mesas de trabajo y la intervención directa del gobernador para garantizar que el proceso de recontratación se ajuste a derecho y se les respeten todos sus derechos.
En el diálogo con el funcionario se pidió que como primera muestra de disposición se retirara a todos los policías, porque quienes están protestando son médicos, enfermeras, psicólogos y nutriólogos que están pugnando por un trabajo, no delincuentes a los que se tenga que amenazar con la policía.
Finalmente aceptaron retirar a la policía y se firmó una minuta con el compromiso de instalar la mesa de trabajo con el gobernador y así se destrabó el problema.
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