Los recursos el gobierno de México transfirió a las estidades durante los primeros tres años del sexenio, entre 2019 y 2021, para adquirir armamento, fortalecer a sus policías y prevenir la delincuencia no fueron usados de forma correcta por muchos de ellos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que entre 2019 y 2021, cerca de 766 millones 874 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que proporcionan cada año la Federación entre las entidades, no fueron aplicados como se debían, por lo que 28 gobiernos estatales tienen pendiente aclarar su uso o devolverlos a la Secretaría de Hacienda.
Ante esta situación, la ASF da seguimiento a los señalamientos, entre solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones, emitidas a los gobiernos de esos 28 estados.
En estados como
Aguascalientes, Morelos, Puebla y Michoacán se identificó el mayor número de irregularidades, mientras que delitos como el feminicidio y homicidio aumentaron.
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